ECONOMIC HISTORY: UNA SOCIEDAD DE BUSCADORES DE RENTAS


Las sociedades modernas están regidas por un complejo sistema de intereses, en el que los agentes económicos -solos o en grupos- intentan situarse en la mejor posición posible. Siempre ha habido intereses encontrados y grupos de presión que han tratado de obtener ventajas particulares. Actualmente, ya no son meros grupos que negocian o se enfrentan. Lo que ocurre hoy día, es que para obtener los objetivos buscados, estos grupos utilizan la acción del Estado, cada vez más intervencionista, para que éste actúe expresamente a su favor en la vida económica.
Este papal desempañado hoy por el sector público, no habría sido posible si, previamente, no se hubiera extendido la idea de que “el Estado debe hacer algo”. Es decir, de que existe una última instancia a la que es posible acudir cuando algún grupo considere que sus intereses podrían verse perjudicados. De este forma se defenderá el establecimiento de un arancel de aduanas que encarezca la importación de un producto argumentando la necesidad de mantener puestos de trabajo que -se dirá- el Estado no puede permitir que se pierdan. O se pedirá que se limite el acceso a una profesión exigiendo unos estudios específicos innecesarios alegando un interés de los consumidores a los que el Estado debe proteger.
En los últimos años, la acción reguladora del Estado ha sido espectacular. La explicación tradicional ha sido el desarrollo de un Estado que, ante las presiones sociales, ha impuesto una regulación cada vez más amplia de sus actividades a los empresarios, quienes -por su parte- se han opuesto a ellas, defendiendo la libertad de mercado, que les favorece. Ahora bien, si buscamos la explicación en la teoría basada en los grupos de presión, nos llevaría, en cambio, a una explicación radicalmente diferente. ¿Cuál sería? los empresarios no aparecerán ya como los defensores de una libertad absoluta de mercado, sino como buscadores de unas regulaciones de las que intentarán obtener beneficios. Los beneficios obtenidos de esta forma no generan aumentos de eficiencia, innovación tecnológica o lanzamiento de nuevos productos, sino la formación de rentas mediante la creación de distorsiones en el mercado. Los beneficios, que en el primer caso supondrían una ganancia neta para la sociedad, en el segundo se deben sólo a una transferencia de renta de unos agentes económicos a otros, acompañada por una pérdida neta para la sociedad, por una asignación ineficiente de los recursos productivos.
Cuando un número elevado de grupos actúa en un mercado como buscadores de rentas, se desemboca en una situación, en la que todos ellos obtienen beneficios a costa de los demás, mientras sufren también pérdidas, que se deben a la necesidad de financiar los beneficios de los otros. La interrelación de estas actuaciones con la política presupuestaria del Estado suele originar un crecimiento insuficiente del gasto público y problemas de déficits presupuestarios.
Ahora bien, no todos los grupos tienen los mismos incentivos para presionar al Estado en defensa de sus intereses. Mancur Olson ha analizado el comportamiento de los grupos y ha mostrado que un interés común no implica necesariamente la acción colectiva para lograr los objetivos. Los individuos sólo se sumarán a esta actuación colectiva si tienen algún incentivo individual para hacerlo o si existe alguna forma de obligarles. Los grupos son diversos. Veamos un ejemplo sencillo, el que hemos mencionado antes con los aranceles. Si se establece un arancel, los intereses de la comunidad son de dos tipos. En primer lugar está el interés de todas las personas que, de una forma u otra, intervienen en la producción nacional del producto en cuestión (propietarios de las empresas, gerentes, trabajadores,, etc). Para estas personas el arancel es beneficioso, ya que les permitirá obtener mayores dividendos y salarios. El otro grupo, en cambio, formado por el resto de la sociedad, se verá perjudicado por el arancel, ya que se verá obligado a pagar precios más altos por el producto protegido. Esta claro que el primer grupo es más reducido que el segundo, por lo que podríamos pensar que sus pretensiones serían rechazadas. Ahora bien, es muy probable que suceda todo lo contrario y el arancel se establezca. La razón está en que los intereses individuales de cada una de las personas que integran el grupo de los productores son lo suficientemente elevados como para que cada una de ellas coopere en la acción colectiva. Los intereses individuales de los restantes miembros son muy pequeños. Por tanto, el grupo pequeño puede prevalecer sobre el grande: tiene más incentivos para actuar, se organiza mejor y presiona más. El que triunfe una opción no depende tanto del tamaño del grupo cuanto de la fuerza que pueda ejercer. Por norma general, los grupos que parecen destinados al fracaso son los formados por los consumidores o por los contribuyentes, quienes, aun siendo la mayoría de la población, observamos cómo nuestros intereses son, con relativa frecuencia, olvidados, mientras triunfan peticiones particulares que nos acarrean considerables pérdidas.

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