HISTORY OF SPAIN: ESPAÑA: JULIO DE 1976-JUNIO DE 1977


En este breve período de tiempo Adolfo Suárez tuvo que actuar en varios frentes para realizar su proyecto reformista.
El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el gobierno de suárez en septiembre de 1976. Esta ley tenía que abrir la puerta a un sistema de democracia parlamentaria en España. Esta ley no concretaba cómo iba a ser el nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático. Esta ley venía a ser, en realidad, el acta de liquidación del franquismo aprobada por las propias Cortes franquistas. A lo largo del mes de noviembre la ley fue debatida por las Cortes que, bajo la hábil presidencia de Fernández Miranda, la aprobaron por 425 votos a favor con 59 votos negativos y 13 abstenciones.
El gobierno de Suárez quiso legitimar esta operación sometiendo la nueva ley a un Referéndum en el que participó el 77, 72% del censo electoral: el 94% de los participantes en el referéndum dieron un voto afirmativo.
A partir de este momento se podía abrir ya el proceso electoral, segundo punto del programa de Suárez, que serviría para elegir los diputados de las Cortes Constituyentes encargadas de elaborar una Constitución democrática.
Pero para que este segundo punto pudiera realizarse Suárez tenía que resolver un problema crucial:¿aceptarían los grupos de la oposición colaborar en el proceso de transición política que se había iniciado sin su participación? Para resolver este problema tuvo que abordar otro tema muy delicado: el de los pactos con la oposición antifranquista.
Para dar credibilidad a su proyecto, Suárez fue adoptando una serie de medidas políticas. En julio de 1976 hubo una amnistía política parcial que fue ampliada en marzo de 1977 y que se convirtió en total en mayo del mismo año. En diciembre de 1976 fue disuelto el TOP (Tribunal de Orden Público). En marzo de 1977 se legalizó el derecho de huelga y en abril del mismo año se decretó la libertad sindical. También en marzo de 1977 se promulgó una Ley Electoral que cumplía las condiciones necesarias para ser homologada con las de los países que tenían un sistem de democracia liberal parlamentaria.
Con todas estas medidas de gobierno Suárez iba cumpliendo las condiciones que, desde 1974, exigían los grupos de la oposición. Estas fuerzas opositoras se habían reunido en noviembre de 1976 para crear una Plataforma de Organizaciones Democráticas.
Suárez había iniciado sus contactos políticos con la oposición entrevistándose con Felipe González, secretario general del PSOE, en agosto de 1976. La actitud posibilista del lider socialista dio alas a Suárez para llevar adelante su proyecto político, pero todo el mundo percibía claramente que el gran problema para la normalización política del país iba a ser la legalización del Partido Comunista. Este constituía, en aquel momento, el grupo político más organizado y con mayor número de militantes de la oposición, pero, en una entrevista que tuvo Suárez con los mandos más destacados del Ejército (septiembre de 1976), éstos le manifestaron claramente su oposición frontal a la legalización.
El PCE, por su parte, actuaba cada vez más públicamente para exponer sus puntos de vista: según los comunistas, la Ley para la Reforma Política era antidemocrática y, además, las elecciones para las Cortes Constituyentes tenían que ser convocadas por un Gobierno Provisional del que formaran parte las fuerzas políticas de la oposición. Dado que, además, la oposición no manifestaba ningún entusiasmo por la Ley para la Reforma Política, Suárez tuvo que arriesgarse aún más para implicar en su juego a las fuerzas de la oposición.
En diciembre de 1976, el PSOE celebraba en Madrid su XXVII Congreso y empezaba a desmarcarse de las exigencias del PCE afirmando que pensaba participar en la próxima convocatoria electoral para las Cortes Constituyentes. Al empezar el año 1977, el año de las elecciones, Suárez se decidió a afrontar el problema de la legalización del PCE. En febrero de este año se entrevistó con Santiago Carrillo, secretario del PCE, convencido de que el proceso de la normalización política no era viable si se hacía al margen del PECE. La disposición de Carrillo a colaborar sin exigencias previas y su ofrecimiento de un “pacto social” para el período posterior a las elecciones, empujaron a Suárez a dar el paso más arriesgado de la transición: la legalización del PCE (abril de 1977).
Por otro lado, Suárez conocía bien que el llamado “bunker” (el grupo de los “duros” del franquismo, dirigido por José A. Girón y Blas Piñar, que tenía como portavoz el periódico El Alcázar) tenía muy buenos contactos con oficiales del ejército y ejercía una evidente influencia sobre importantes sectores militares. Estas fuerzas podrían constituir un obstáculo insalvable si lograban poner al ejército en contra de la reforma política.
Para salvar esta dificultad, Suárez intentó apoyarse en el grupo de militares más liberales del círculo del general Díez Alegría, a los que intentó colocar en los puestos de mayor responsabilidad. La personalidad más destacada de esta tendencia dentro del ejército fue el general Gutiérrez Mellado. Pero en julio de 1976 el vicepresidente para asuntos de Defensa era aún el general Fernando de Santiago que pertenecía al núcleo más inmovilista del ejército. De Santiago, que había manifestado su inquietud ante la primera amnistía de julio de 1976, se opuso frontalmente a la Ley de Libertad Sindical, elaborada por el gobierno en septiembre de este mismo año. En este momento Suárez quiso imponer su autoridad en el gobierno: destituyó a Fernandez de Santiago (21 de septiembre) y nombró en su lugar al general Manuel Gutierrez Mellado. Este enfrentamiento con el general De Santiago le acarreó a Suárez la oposición de un amplio sector del ejército, oposición que se agudizó aún más si cabe con la legalización del PCE (abril de 1977).
Pero entretanto Gutiérrez Mellado actuaba con habilidad para promocionar a los oficiales partidarios de la reforma política y para sustituir a los mandos de las fuerzas de seguridad (Polícia Armada y Guardia Civil) que parecían más partidarios de conservar el régimen franquista.
En realidad Suárez quería demostrar al ejército que la normalización política del país no implicaba ni la anarquía ni la revolución. Para ello contaba con la colaboración de Santiago Carrillo; pero no pudo contar en absoluto con la colaboración de los grupos terroristas.
El País Vasco se mantuvo, a lo largo de todo este período, en plena ebullición política. Las reivindicaciones de amnistía política obligaron a Suárez a irla concediendo en distintas etapas hasta la amnistía total de mayo de 1977. Pero los enfrentamientos continuos entre policía y manifestantes no ayudaban precisamente a serenar los ánimos. ETA, que en el verano de 1976 parecía haber abierto una cierta tregua, reemprendió sus acciones terroristas en octubre del mismo año. Pero fue sobre todo entre diciembre de 1976 y enero de 1977 cuando se desencadenó un conjunto de acciones terroristas que mantuvieron al país en una situación de fuerte tensión.
Primero fue el GRAPO, que empezó colocando varias bombas y siguió con el secuestro de dos importantes personalidaes del régimen: el Presidente del Consejo de Estado-José María de Oriol- y el general Villaescusa, Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. Y, mientras duraban estos secuestros, un comando de la ultraderecha asesinaba a seis personas -cinco de ellas abogados laboralistas miembros del PCE- en un despacho de la calle de Atocha en Madrid.
Toda esta operación terrorista sonaba a maniobra de provocación, pero en aquellos momentos dramáticos Suárez consiguió que, por primera vez, buena parte de los líderes de la oposición reunidos con el Presidente del Gobierno, publicaran un comunicado de denuncia del terrorismo y de apoyo a la actuación de Suárez.
Sin embargo, las fuerzas del “bunker” se aprovecharon de la inquietud del momento para denunciar que el país se estaba precipitando en el caos.

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